El organismo nacional de des-acreditación

La mayoría de las empresas que se acreditan con el ONAC (laboratorios, empresas de certificación y organismos de inspección) lo hacen porque están obligadas a ello, porque hace más de una década el Gobierno decidió entregarle al ONAC el monopolio de la acreditación, obligando a estas empresas a que primero se acrediten con el ONAC como requisito indispensable para realizar las actividades comerciales de las cuales derivan su sustento. Y claro, también les impuso el deber de cerrar sus puertas, parar su operación (y privarse de sus ingresos) en el evento de que la ONAC decida suspenderles o peor, retirarles la acreditación.

Y mientras al ONAC se le fueron dando estos poderes casi imperiales, facultándola para ordenarles a empresarias y empresarios el cese de sus actividades por semanas o inclusomeses, o peor, sacándolos del mercado de manera definitiva en caso de que la acreditación les sea retirada, todo esto se hizo sin que ninguna autoridad ejerciera un control verdadero y efectivo sobre ese organismo.

Como resultado de lo anterior, a la fecha el ONAC ha llevado a la quiebra a centenares de empresarias y empresarios, producto de las casi 500 acreditaciones que ha retirado desde su creación. Las pérdidas no son sólo para la empresa. Con cada negocio que se arruina, se destruyen también los empleos directos e indirectos que de ellas dependen, y al mismo tiempo, se generan dramas personales derivados de la pérdida de ahorros, el ahogamiento en
deudas, etc.

A la par con las empresas, el empleo y las personas, el ONAC también tiene entre sus víctimas a la legalidad y la institucionalidad. Desde el año 2015 las altas cortes de este país han emitido fallos recalcándole al ONAC que la función que tiene a cargo es pública, de carácter estatal, y por ende que debe sujetarse a las mismas normas bajo las cuales operan las demás autoridades administrativas. Encima de eso, el ONAC ya tiene varias condenas encima y en firme por vulnerar abiertamente el derecho al debido proceso de las empresas víctimas de sus sanciones.

Pero nada de esto ha importado. El ONAC ha dicho públicamente que seguirá ejerciendo sus poderes a su arbitrio, actuando como si estuviera por encima de la ley, o como alguna vez dijo un procurador respecto de este organismo, operando ‘como una rueda suelta’.

La ilegalidad en el ONAC es verdaderamente rampante. A su desobedecimiento a los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se le suman varias acusaciones contra sus directivos por la comisión de un rosario de delitos contra la administración pública y otros que al parecer se habrían cometido dentro de los procesos judiciales iniciados contra ese organismo. Es más, además de las denuncias que hoy cursan en la fiscalía, hay inclusive un proceso andando en el Consejo de Estado donde se afirma de una posible colusión entre el ONAC y el juez que exoneró al ONAC de una condena de nueve mil millones de pesos.

Por este gravísimo panorama es que muchos afectados ven en el ONAC un cáncer, un mal cada vez más poderoso y más lesivo. Por eso también ellas y ellos mismos temen que en el plan nacional de desarrollo se le termine dando luz verde al ONAC para que continue con su misma
tiranía. En efecto, entre las iniciativas relacionadas con el eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática, hay un texto donde esencialmente se estaría legalizando toda la ilegalidad y arbitrariedad dentro de la cual el ONAC ha operado por más de quince años. Lo más irónico es que en el plan se diga que esas facultades para el ONAC tienen como fin mejorar la competitividad de nuestro empresariado.

Estas personas parecen tener razón. El ONAC, con sus poderes, sin supervisión ni control alguno que pese sobre él, se parece mucho al cáncer. Y si la disposición del plan nacional de desarrollo se convierte en ley, arrazará con muchas más empresas y empleos. Todos estos, y hasta la legalidad misma que tanto valoramos en nuestro país, habrá sucumbido.