Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor CDA, conversó acerca de la alerta en torno a la decisión que los obliga a tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, para los choques simples.
Según el gremio, este hecho haría insostenible el negocio, ya que dicho seguro será de hasta por 15 salarios mínimos mensuales legales para los carros particulares y siete salarios mínimos mensuales legales para motocicletas.

Por ese motivo, han pedido que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que advierten la existencia de una “violación a derechos constitucionales y un conflicto de intereses entre el sector privado”.
Cabe recordar que desde el mes de enero, el gremio ha advertido que, durante los debates del Proyecto de Ley en Cámara, no se discutió el articulo 6° que hoy en día tiene en riesgo la actividad del sector.
Por ello, en su momento pidieron una reunión con el ministro de Transporte, pues advierten que para ellos es imposible “asumir el valor de la póliza y lo inadmisible e injustificable que un CDA deba responder por los daños que ocasionen los vehículos a terceros por las diferentes circunstancias del conductor en la vía, cuando no existen los recursos para tal fin”.